Esquema de los epigrafes 1 y 2 del Tema 5

Deflación y recesión en España

Desde la perspectiva española, la crisis del coronavirus Covid-19 ha tenido hasta el momento tres fases: su irrupción y extensión en China, su llegada masiva a Italia y la declaración del estado de alarma en nuestro país. En cada una de ellas, las consecuencias sobre el PIB han sido diferentes y cada vez más negativas.

En la primera, el impacto estimado era únicamente de unas décimas. Así lo creía la agencia de rating Standard’s & Poor’s, quién en su último informe indicó que en 2020 creceríamos un 1,3%, en lugar del 1,7% inicialmente previsto. Las repercusiones tendrían un carácter más indirecto que directo, pues nuestro país tiene una gran dependencia de la economía europea, pero relativamente escasa de la mundial.

El sector más afectado sería la industria, pues importamos un gran número de productos intermedios del país asiático. Entre las más perjudicadas estarían la electrónica, informática, farmacéutica y automovilística, aunque el mayor volumen de importaciones es de manufacturas textiles.

En la segunda, la repercusión aumentaba notablemente. Las razones serían tres: la enfermedad afectaba a uno de los países con los que tenemos una mayor relación económica, las principales Bolsas mundiales empezaban a caer en picado y el miedo a su extensión en España provocaba cambios en los patrones tradicionales de gasto de familias y empresas.


El primer motivo proviene de que el país transalpino es el tercer destino de nuestras exportaciones de bienes (el 8% en 2019) y el cuarto que más turistas nos aporta (un 3,5%). Además, es una de las naciones preferentes donde se instalan nuestras empresas cuando quieren invertir en el extranjero y, viceversa.

El segundo supuso que los inversores tomaran conciencia de que la enfermedad ya no era un problema regional, sino que tenía alcance mundial. Paradójicamente, el índice bursátil S&P 500 alcanzó su máximo histórico el 19 de febrero (3.386,15 puntos), una fecha en la que la afección ya estaba extendida por todas las provincias chinas.

En la nueva coyuntura, un elevado número de inversores ha optado por reducir riesgos, recoger plusvalías, vender acciones, bonos de los países con mayor riesgo y de las compañías con peor rating. Esta última actuación puede aumentar considerablemente los tipos de interés a sufragar por empresas con algunos problemas de solvencia y, si no disponen de líneas de crédito preferenciales y ayudas gubernamentales, llevarlas a la quiebra.

También puede conllevar la desaparición de numerosas start-up, la mayoría de carácter tecnológico, al serles imposibles conseguir financiación. Todo lo contrario de lo que sucedía hace unos pocos meses. Durante el pasado año, los inversores valoraron más la expectativa de rentabilidad proporcionada que el riesgo incurrido y muchas compañías pudieron fácilmente conseguir el capital requerido. Ahora, ponderan más el segundo factor que el primero.

El tercer problema repercutió especialmente sobre dos sectores: turismo y transporte. El primero es el que más pesa en el PIB y el segundo, junto con la logística, uno de los cinco que más lo hace. Además, aumentó la prudencia de familias y empresas. Los hogares disminuyeron un poco la compra de bienes duraderos (viviendas, electrodomésticos, mobiliario, etc.) y las compañías aplazaron o descartaron algunas de las inversiones previstas.

La declaración del estado de alarma ha supuesto la paralización de una gran parte del país. Los efectos sobre la oferta de bienes han sido considerables y se han trasladado a la demanda. Su disminución provocará un elevado aumento del paro, la pérdida de una gran parte de los ingresos habituales de muchos autónomos y la desaparición de algunas pymes.

Debido a las anteriores razones, España entrará en recesión. En el 1º trimestre, el PIB caerá y lo seguirá haciendo en el segundo, pues muy probablemente la suspensión de numerosas actividades económicas supere los 15 días inicialmente previstos. Además, el regreso a los niveles del PIB del 4º trimestre de 2019 muy probablemente será lento, si no se toman medidas urgentes y valientes por parte de la Administración (véase el artículo de las respuestas económicas a los problemas del nuevo coronavirus)

El cierre temporal de numerosas empresas, unido a una operatividad al ralentí de otras, provocará una gran reducción del gasto de las compañías. La restricción de los movimientos de la población, la pérdida temporal o definitiva del empleo actual de muchas personas y el miedo al futuro hará que las familias también disminuyan significativamente el suyo.

La disminución de la demanda del sector privado invertirá la tendencia habitual de los precios. En lugar de aumentar, se reducirán. Una caída a la que contribuiría una gran bajada de los de las materias primas, especialmente el petróleo y sus derivados. Una disminución provocada por la reducción de las compras a nivel mundial y las discrepancias sobre el volumen adecuado de la oferta entre Rusia y Arabia Saudita. En el mes de abril, como muy tarde, la tasa de inflación ya será negativa.

En resumen, el nuevo coronavirus va a provocar que nuestro país padezca recesión y deflación. Una de las peores coyunturas económicas que existen. No obstante, desde la década de los 30 del pasado siglo, los economistas tenemos una magnífica medicina para salir con éxito de ella. Implica tipos de interés negativos, una gran disponibilidad de liquidez para familias y empresas y un elevado gasto de la Administración (un nuevo New Deal).

Para llevar dicho plan a la práctica, mi preocupación no está en los políticos españoles, sino principalmente en los alemanes. En 2010, nos obligaron a practicar la austeridad en el gasto público y prolongaron artificialmente durante tres años el período de crisis. Espero y deseo que hayan aprendido la lección. Entre otros aspectos, porque en la actualidad Alemania no está mejor que España, ya que la coyuntura actual es muy diferente de la que existía una década atrás.

Las principales medidas aprobadas por el gobierno para sostener la economía

El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas para ayudar a autónomos, inquilinos vulnerables y empleadas del hogar.


Ya a mediados de marzo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había anunciado un plan de choque para hacer frente al desafío sanitario y económico sin precedentes que supone la pandemia del coronavirus. Ese paquete significa una inyección de liquidez de 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, para sostener la economía y permitir que una vez pasada la emergencia la recuperación “sea una V y no una L”. Es decir, para que el sistema vuelva a crecer rápido desde el punto en el que se había quedado antes de su paralización por el virus.

El Gobierno aprueba ayudas para empleadas de hogar y temporales y una moratoria de cotizaciones para autónomos
Pero el escenario está en constante evolución y la profundización de la crisis, que ha llevado el Gobierno a paralizar aún más la actividad económica para contener la curva de contagios, ha obligado a abordar medidas adicionales. Todavía no se conocen los detalles para saber el alcance de este nuevo paquete y cómo será su efectiva implementación, que tendrán que desglosar los ministerios competentes.
Principales medidas aprobadas este martes
- Alquileres: se suspenden los desahucios por alquiler para las personas vulnerables durante seis meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer; para el mismo colectivo se concederán microcréditos estatales al 0% y sin comisión, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado que las condiciones de “vulnerabilidad” son amplias, ya que por ejemplo pueden acogerse a estas ayudas ciudadanos afectados por ERTE, reducciones de jornada, caída de ingresos... Además, el Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban íntegramente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos buitre deberán asumir parte impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler.

- Prohibición de cortes de suministros: los cortes energéticos y de agua en la vivienda habitual estarán prohibidos para el conjunto de la población mientras esté en vigor el estado de alarma. Se amplía también el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él.

- Empleadas del hogar y trabajadores temporales: se crea una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar equivalente al 70% de su base de cotización. Para los trabajadores temporales, aunque no tengan la cotización necesaria, se aprueba una ayuda de unos 440 euros, el 80% del Iprem.

- Ampliación de la moratoria de hipotecas: Se amplía a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos frente al mes que contemplaba hasta ahora. También se amplía la moratoria a los autónomos. Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria, se ha procedido a ajustar el régimen de acreditación. Así, las entidades no deben tener en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga del 35% de los ingresos.

- Autónomos: moratoria en el pago de cotización de mayo, junio y julio durante seis meses sin intereses; aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.

- Prohibición de la publicidad del juego online: durante el estado de alarma la publicidad de este tipo de juego quedará limitada a un horario de 1:00 a 5:00 de la mañana, tanto en televisión, radio y plataformas de intercambio de videos, como Youtube.

- Moratoria de pago en los créditos al consumo y reembolso de viajes: Se otorga una moratoria de tres meses a los créditos al consumo para las personas consideradas en vulnerabilidad económica, ampliable si fuera necesario. Para los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma, os consumidores y usuarios podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad; no obstante, el contrato no queda rescindido. Por su parte, en el caso de la prestación de servicios que incluyan a varios proveedores, como los viajes combinados, el consumidor o usuario podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.

- Planes de pensiones: los partícipes de un plan de pensiones que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, estén en situación de desempleo por un ERTE o de cese de negocio, podrán rescatar sus ahorros, bajo una serie de condiciones, con un importe máximo a disponer no superior a los salarios dejados de percibir.

- Portabilidad telefónica: los usuarios podrán volver a cambiar de compañía telefónica aprovechando el procedimiento de la portabilidad, que permite esa posibilidad de forma gratuita y conservando el número de teléfono, siempre que no suponga un desplazamiento de técnicos al hogar para cualquier instalación. La medida va acompañada de la prohibición de que las operadoras puedan subir las tarifas mientras que esté vigente el estado de alarma.

- Violencia de género: se garantizan como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y se refuerza la ayuda a víctimas de violencia machista.


Ayudas aprobadas con anterioridad
- 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales, con transferencias a comunidades autónomas y Ayuntamientos, protección de los suministros básicos (luz, agua y gas) y los servicios de telecomunicaciones.

- Moratoria en el pago de hipotecas para primera vivienda para personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus.

- Relajación de la regla de gasto para permitir a los Ayuntamientos gastar sus ahorros en servicios sociales, dependencia, y otro tipo de actividades sociales relacionados con el coronavirus.

- Flexibilización de los ERTE: los afectados se beneficiarán de la prestación por desempleo, incluso si no tienen derecho a ella por no haber cotizado lo suficiente. Si el ERTE se solicita por causa de fuerza mayor, las empresas con menos de 50 empleados tendrán una bonificación del 100% en las cotizaciones, y del 75% si la plantilla es mayor. Las prestaciones cobradas durante el estado de alarma no computarán para el desempleo de después.

- Posibilidad para pymes y autónomos de aplazar las deudas con Hacienda hasta 30.000 euros durante seis meses, con tres meses de carencia.

- La consideración de las bajas y cuarentenas forzosas como accidente de trabajo.
- Prohibición de los despidos vinculados a la crisis del coronavirus; todos los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidar a familiares, mayores o niños, ante el cierre de colegios y servicios sociales.

- Prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio a causa del estado de alarma, o cuya facturación haya caído un 75% en relación con el semestre anterior. La prestación es compatible con la exoneración del pago de cuotas y con el ERTE para aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan empleados.

- Línea de avales de garantías públicas al 80% para facilitar liquidez a empresas por importe de 100.000 millones de euros; línea dotada con 2.000 millones para las empresas exportadoras; apoyo a la digitalización de las pymes y planes de I+D para fomentar el teletrabajo.
- Prohibición de las ofertas públicas de adquisición (opa) desde fuera de la UE a cotizadas españolas consideradas estratégicas.
- Apoyo a la investigación científica en la búsqueda de una vacuna; 30 millones de euros para el CSIC y al Instituto de Salud Carlos III.

Opinión personal:

Todas estas medidas que ha aplicado el gobierno me parecen acertadas la única pega que puedo poner esque debería haberlas aplicado antes